Un tribunal sudafricano ha ordenado a un grupo antimigrante que deje de impedir que los ciudadanos extranjeros accedan a centros de salud públicos y escuelas, declarando que tales acciones son ilegales.
La Operación Dudula ha estado realizando piquetes frente a hospitales y clínicas en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal, verificando documentos de identidad e impidiendo la entrada a cualquier persona que no sea sudafricana. Posteriormente, esta acción se extendió a las escuelas.
Pero el Tribunal Superior de Johannesburgo ha ordenado al grupo que deje de «intimidar, acosar o interferir con el acceso» a estas instalaciones, tras una demanda presentada por grupos de derechos humanos.
Sudáfrica alberga a unos 2,4 millones de inmigrantes, algo menos del 4% de la población, según cifras oficiales.
La mayoría provienen de países vecinos como Lesotho, Zimbabue y Mozambique, que históricamente han proporcionado mano de obra migrante a sus ricos vecinos.
La xenofobia ha sido durante mucho tiempo un problema en Sudáfrica, que ha ido acompañado de brotes ocasionales de violencia mortal, y el sentimiento antimigrante se ha convertido en un tema clave de debate político.
El juez Leicester Adams, al dictar sentencia el martes, también prohibió a la Operación Dudula hacer declaraciones que puedan interpretarse como discurso de odio, «desalojar ilegalmente a ciudadanos extranjeros de sus hogares… [o] de sus puestos comerciales» e instigar a otros a hacerlo.
«Dudula» significa remover algo por la fuerza en idioma zulú.
También prohibió a las fuerzas del orden realizar «registros sin orden judicial» en los espacios privados de los extranjeros y dijo que deben tener «sospechas razonables» de que una persona se encuentra ilegalmente en el país antes de pedirle que se identifique.
La policía sudafricana fue objeto de escrutinio después de que organizaciones de derechos humanos la acusaran de no actuar contra la Operación Dudula ni proteger al público de su conducta ilegal.
Varios miembros de la Operación Dudula fueron arrestados en agosto por bloquear las entradas de centros de salud públicos. Posteriormente fueron puestos en libertad con una advertencia.
Según la publicación sudafricana en línea News24, la organización afirma estar decepcionada con el fallo y tiene la intención de apelar.
Kopanang Africa Against Xenophobia, una de las organizaciones que llevó el caso a los tribunales, afirmó que «la sentencia proporciona una protección fundamental a las personas víctimas de ataques xenófobos».
«En un país fundado en el rechazo al apartheid, no podemos permitir que se nos someta al odio xenófobo promovido por la Operación Dudula», declaró la organización de derechos humanos en un comunicado.
Kopanang afirmó que se realizaría una vigilancia proactiva en escuelas y clínicas para garantizar el cumplimiento de la orden y que se responsabilizaría a la policía por su aplicación.
«Si la policía incumple su deber de hacer cumplir la orden… estamos preparados para denunciar su inacción ante los organismos de supervisión formales», dijo la organización a la BBC.
El ministro de Salud de Sudáfrica, el Dr. Aaron Motsoaledi, dijo que el fallo «era de esperar», ya que reflejaba la postura del gobierno de que a nadie se le debe negar el acceso a la atención médica, independientemente de su estatus legal.