Este proyecto de ley dividiría el papel del fiscal general en tres cargos separados: asesor jurídico del gobierno, jefe de la fiscalía estatal y representante del Estado de Israel ante los tribunales.
El pleno de la Knesset aprobó el miércoles el controvertido proyecto de ley para dividir el cargo de fiscal general de Israel en tres puestos diferentes, iniciativa del diputado Simcha Rothman (Partido Sionista Religioso).
El proyecto de ley de Rothman superó su lectura preliminar por un margen de 59-44. Ahora pasará a las discusiones del comité y aún necesita superar tres lecturas adicionales en la Knesset.
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Durante la sesión plenaria, en lecturas preliminares, también se presentaron otras versiones de proyectos de ley para dividir el papel del fiscal general; sin embargo, el proyecto de ley presentado por Rothman en 2025 se considera uno de los más radicales.
Este proyecto de ley dividiría el papel del fiscal general en tres cargos separados: asesor jurídico del gobierno, jefe de la fiscalía estatal y representante del Estado de Israel ante los tribunales.
Acusaciones de corrupción contra la Fiscal General Gali Baharav-Miara
El proyecto de ley propuesto por Rothman establece que el papel del fiscal general debería dividirse debido a “conflictos de interés institucionales inherentes”.
La propuesta afirma que este conflicto de intereses se debe a que la función del fiscal general consiste, por un lado, en asesorar al gobierno, trabajando en cooperación con él, y por otro, en tomar decisiones sobre investigaciones y enjuiciamientos de ministros y funcionarios electos.
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Rothman afirmó que “el fiscal general ostenta actualmente poderes sin parangón en ningún otro país democrático”.
El ministro de Justicia , Yariv Levin, criticó duramente a la fiscal general Gali Baharav-Miara durante su intervención en el pleno de la Knesset, afirmando que ella provocó que la institución de la fiscalía general “se corrompiera desde sus cimientos” durante su mandato.
Expertos legales han advertido que los nuevos proyectos de ley otorgarían un poder sin precedentes al gobierno sobre su principal adversario legal.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad condenó la aprobación de los proyectos de ley, afirmando que se trataba de “una emboscada legislativa destinada a reemplazar al fiscal general y desmantelar el sistema de aplicación de la ley”.